La economía argentina creció a un ritmo no menor al 8,5% anual en los primeros tres trimestres de este año tras hacerlo a una tasa promedio similar en cinco años anteriores con excepción de 2009.
Los aumentos de salarios han superado a la inflación real, no a la oficial y el aumento de la capacidad de compra de las retribuciones laborales se ha complementado con una caída muy significativa del tipo de cambio real, que ha permitido adicionar capacidad de compra de bienes transables, tanto exportables como importables. Los precios internacionales de los commodities agrícolas han tenido un comportamiento, hasta hace relativamente poco tiempo, que ha permitido recaudaciones muy importantes de los tributos a sus exportaciones. Se agregó a ello la decisión oficial de terminar con el régimen privado de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones y de retornar la recaudación que ellas efectuaban al ámbito público. También se sumó al fisco el aporte tributario -en realidad las contribuciones en dinero- de los bancos oficiales.
Estas acciones permitieron una multiplicación por diez del gasto público en menos de ocho años. Entre esos gastos están las erogaciones por sucesivos planes de apoyo pecuniario a ciertos sectores de la población y los subsidios a numerosas actividades para evitar que suban sus precios, aunque de todos modos la inflación real estimada entre 20 y 30% en los últimos tres años, ha sido superior al 8-9% que indica el gobierno. Con la inflación real en esos niveles, validada por fuertes variaciones anuales en la cantidad de dinero, hoy en 40%, y reprimida con numerosos precios máximos y con el tipo de cambio nominal subiendo a un ritmo sumamente menor, la competitividad ha declinado fuertemente. Esto ha llevado a nuevas distorsiones, en este caso comerciales, y se han prohibido de hecho importaciones, se ha entrado en la moda del intercambio compensado y se desconoce, se pasa por alto de manera creciente lo pactado en el Mercosur sobre el intercambio comercial de bienes.
Esa realidad, que será difícil mantener en el futuro tras las elecciones de la semana pasada, es lo que ha permitido la reelección presidencial de Cristina Fernández. Su triunfo, con más del 53% de los votos ha sido sumamente amplio; el segundo candidato más votado no ha llegado al 18% del total de los sufragios. En consecuencia, más de la mitad de los electores argentinos espera que la presidenta les guíe, económicamente, del mismo modo y con los mismos o mejores resultados que los logrados hasta el presente. Y también algunos uruguayos aguardan que la situación se prolongue de modo que los desaciertos pasados y presentes de la administración de gobierno de la nación hermana, como la introducción de impuestos sobre las exportaciones del agro, el atraso cambiario y las tasas de interés reales negativas mantengan, el primero, la revolución productiva en nuestro campo, y el segundo y el tercero el turismo fuerte de estación y las inversiones inmobiliarias respectivamente.
AJUSTES PROBABLES. En todo año electoral, las políticas macroeconómicas en los países del Río de la Plata tienen componentes que buscan la continuidad de la administración que ejerce el poder. Este año no ha sido la excepción en la Argentina y la represión de variables macroeconómicas fundamentales, que solo puede ser temporal, ha abundado al tiempo que el gasto público se ha exacerbado. Por ello será necesario un sinceramiento de dichas variables que, de no realizarse de modo que sea una normalización suave, en cierto lapso puede culminar en un acomodamiento traumático.
Se deberá recuperar al tipo de cambio real, cuya caída ha sido muy fuerte en los últimos dos años al emplearse al tipo de cambio nominal como instrumento antiinflacionario. El mercado financiero ya anticipa este acomodamiento cambiario y lo refleja en una salida de capitales a la que se responde con reservas del Banco Central que, por supuesto, son finitas. Se trata de una fuga de capitales que en un mes, provocó la duplicación de la tasa de interés de referencia. En consecuencia, si no hay ajuste cambiario, esa tasa de interés seguirá en aumento, tratando de desviar la demanda de moneda extranjera hacia la moneda local y tendrá una influencia negativa sobre el nivel de actividad.
En materia fiscal se deberá ir a un progresivo recorte del gasto público por varios motivos. En primer lugar, porque ya la gestión financiera del gobierno central presenta un desequilibrio negativo que es difícil financiar si no es con crédito del Banco Central, esto es, con emisión de moneda, la cual ya marcha a un ritmo muy alto y subirlo comprometería aún más el aumento del nivel general de precios. Desde hace un tiempo el gobierno central recibe financiamiento inflacionario de la autoridad monetaria, el que se disfraza señalando que es la contribución a la Tesorería por sus utilidades. El desequilibrio fiscal tiende a aumentar cuando se considera que los ingresos tributarios están amenazados a seguir por debajo de lo que fueran desde hace varios años, debido a la fuerte reducción de los precios de los commodities de los últimos dos meses, lo que reducirá la recaudación de los impuestos sobre sus exportaciones.
Para evitar mayores presiones inflacionarias no cabe otra solución fiscal que reducir el gasto público y el recorte de las erogaciones debe pasar por varias áreas, alguna de las cuales le ha sido redituables a Cristina Fernández para su reelección: los programas de apoyo social. Pero asimismo, deberá haber recortes en la política de subsidios, todos orientados a compensar a los productores para evitar el aumento inexorable de sus precios.
También la política monetaria debería ser restrictiva, ya que de lo contrario las presiones inflacionarias se tornarán sumamente altas. El ritmo actual de expansión de la cantidad de dinero se debe contraer y debe existir una liberalización de precios, hoy controlados o con topes máximos por debajo de los precios de equilibrio que regirían en el mercado. De lo contrario, se agudizarán los problemas de oferta que se notan en sectores importantes como el energético, eléctrico y de combustibles, pero también en otros sectores de la economía.
En la nueva administración, el proteccionismo con restricciones no arancelarias, con prohibiciones de hecho de importar numerosos productos y los requisitos de exportar para compensar importaciones, deberían desaparecer, sobre todo en el caso de las corrientes comerciales en el Mercosur. Pero será difícil que ello ocurra rápidamente ante un ajuste como el que se impone para evitar una crisis cambiaria y altísima inflación.
El cambio de rumbo macroeconómico del país vecino parece inevitable. La nueva combinación de políticas, restrictivas la fiscal y la monetaria, y devaluación en el caso de la cambiaria, provocarán una fuerte desaceleración de la actividad económica que se sentirá en este lado del charco.
